La existencia del IFDP deriva del derecho constitucional –artículo 20, apartado B, fracción VIII de la Constitución Política Mexicana- de cualquier persona imputada en un proceso en materia penal y que se amplía a casos de asesoría en otras materias como civil, administrativa y fiscal.
Para el caso de defensa penal el servicio del Instituto se presta en asuntos del orden federal, desde la averiguación previa hasta la ejecución de sentencia y es brindado por el Defensor Público adscrito ante el Ministerio Público de la Federación, los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, según corresponda. En cuanto a la ejecución de sentencias, los defensores públicos deberán practicar visitas carcelarias.
En el caso de la asesoría jurídica en otras materias, el servicio comprende diversas modalidades:
- Orientación. Cuando el asunto planteado no es de la competencia legal del Instituto, se orienta al solicitante sobre la naturaleza y particularidades del problema. También se le canaliza mediante oficio fundado y motivado a la institución que a juicio del asesor deba proporcionarle atención jurídica gratuita.
- Asesoría. Se le proporciona al solicitante respecto al problema planteado cuando, después de analizar las manifestaciones y documentos que aporte, se determina que el caso es de la competencia del Instituto pero no es viable la intervención legal y procesal.
- Representación. Consiste en el patrocinio legal que se otorga a la persona que solicita la prestación del servicio, por ser destinatario del mismo conforme a lo dispuesto en la Ley.
Hay una oficina del IFDP en cada estado, puede consultar mayor información en el sitio web IFDP o en los teléfonos
01-800-710-5753 en el interior de la República o (55) 5521-3546 en el Distrito
Federal.